MERCADO DE TRABAJO:
¿CAMBIOS O CONTRADICCIONES?

Por Luis Tapia


La dolarización ha sido el evento más importante en la historia económica ecuatoriana reciente. Si bien se la asumió como solución a la grave crisis desatada por la debacle financiera de 1998-99, su viabilidad dependía de profundas reformas que todavía están pendientes o que se han concretado parcial y unilateralmente. Las abundantes remesas enviadas por los emigrantes y los boyantes precios del petróleo han permitido diferir los cambios, pero si no se avanza, el país seguirá al filo del abismo, a expensas de circunstancias que no puede prever y que no se sabe cuánto podrían durar.

Gran parte de las innovaciones exigidas por la dolarización se consagraron en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador promulgada en marzo de 2000 (la famosa Ley Trole I). Se modificó la legislación financiera (desagio incluido) para adaptar los mercados financieros a la carencia de prestamista de última instancia; las leyes de hidrocarburos, eléctrica y de telecomunicaciones, para promover la inversión extranjera; las finanzas públicas, presupuestos del Estado y contratación pública para mantener el equilibrio fiscal y dinamizar al sector público; el Código de Comercio, para incentivar las actividades productivas privadas. Se incluyó una pequeña modificación al Código del Trabajo, para flexibilizar el mercado laboral. También se obligó a reprogramar los pasivos de las empresas, para preservar los puestos de trabajo.

Los resultados alcanzados no han sido los esperados. La efervescencia inicial fue aprovechada por Ejecutivo y Legislativo para promulgar una ley sin consenso, la Trole I, que inmediatamente generó oposición. Las omisiones e inconsistencias de ésta trataron de enmendarse con otra ley, la Trole II, que fue declarada inconstitucional. Desde su nacimiento, los puntales jurídicos de la dolarización adolecieron del estigma del conflicto.

En este tema central se examinan todos los aspectos de la problemática laboral actual, y se recogen las opiniones de Andrés Páez, diputado de la ID; de Juan Abel Echeverría, secretario nacional técnico de la Senres; de Juan Páez Parral, experto laboral; y de Santiago Samper, directivo de la empresa Seminarium, especializada en head hunting (caza de talentos).