LA SEGURIDAD PERDIDA

Por Julio Oleas



¿Cuánto le cuesta a la sociedad ecuatoriana protegerse contra la delincuencia? ¿Cuánto le cuestan los efectos de la inseguridad, en pérdidas de vidas humanas y de propiedades? ¿Cuáles son las soluciones a una situación que está llegando a niveles de paroxismo? ¿Son estas soluciones incrementar las penas y aumentar la represión? ¿No hay causas más profundas y soluciones alternativas? Este Tema Central analiza el problema en todas sus aristas y apunta los caminos de solución.

Aquí se presenta el problema de la creciente inseguridad en el país –en especial en Quito y Guayaquil y otras zonas “calientes”– con toda su complejidad. Clases de delitos y su diversa incidencia; porcentaje de denuncias registradas en los últimos años; la alarmante tendencia de que compañías privadas asuman el control de la seguridad, llegándose a la increíble cifra de 180 mil guardias privados en el país; la tenencia de armas en manos de particulares, etc..

Se destaca otro ángulo preocupante: el hecho de que el gasto público canalizado hacia las instituciones correspondientes ha ido creciendo, pese a lo cual la capacidad operativa y los resultados están lejos de corresponder a los recursos asignados.
Finalmente, se enfoca el problema de la ilusoria “rehabilitación” de los delincuentes que guardan prisión en los 35 centros de reclusión existentes en 17 provincias; y también el grave tema de la situación de la administración de justicia en el país, que ha llegado a límites de colapso, con la interrogante de ¿por qué se reiteran excarcelaciones de delincuentes contumaces al tenor de formalidades probatorias deficientes, mientras miles de presidiarios deben esperar años enteros para recuperar su libertad?